Observaciones al Proyecto de No. 001 de 2010
La reforma a la salud afectaría a trabajadores y empleadores: Asocajas
-El proyecto contiene una disposición que pretende trasladar el 25% del aporte que financia al Sistema de Subsidio Familiar.
-A los empleadores les implicaría un incremento en la cotización al sistema de salud a su cargo.
Se requeriría incrementar las tarifas de los servicios de las Cajas, perjudicando a los trabajadores más pobres porque tendrían que pagar un mayor valor por el acceso o privarse de ellos.
Bogotá, D.C., 18 de agosto de 2010.-/ Por considerarlo “inapropiada e inconstitucional” y porque afectaría directamente los derechos de los trabajadores y empleadores colombianos, por el recorte de recursos, el presidente Ejecutivo de Asocajas, Álvaro José Cobo Soto, rechazó el sistema de financiación que propone la iniciativa legislativa que busca reformar el sistema general de seguridad social en salud.
Así lo hizo conocer el directivo gremial en la Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley No. 001 de 2010 (reforma el sistema general de seguridad social en salud) que convocó la Comisión Séptima del Senado de la República.
En su intervención el Presidente de Asocajas reconoció que aunque la iniciativa legislativa busca “atinadamente plantear ajustes a la operación del sistema de seguridad social en salud, con miras a superar las desviaciones y dificultades que se han presentado en su desarrollo”, no obstante, dijo que “en la premura de obtener recursos para financiar los servicios de salud por fuera del plan obligatorio POS, el proyecto contiene una disposición mediante la cual se pretende trasladar un 25% del aporte que actualmente financia al Sistema de Subsidio Familiar, pretensión que dicho sistema considera inapropiada e inconstitucional”.
De aprobarse esta iniciativa, el principal impacto recaería sobre los derechos de los trabajadores colombianos, por el recorte de beneficios que la reducción de recursos destinados a su satisfacción generaría, entre otras razones, porque “asumir una fuente de financiación tal para las prestaciones NO POS equivaldría a algo así como tomar parte de las cesantías o reducir los salarios de los trabajadores para tal objeto, lo que francamente sería impensable, porque el subsidio familiar es una prestación social”.
La salud requiere un replanteamiento, un reenfoque sobre la gestión de los determinantes de la salud, como la prevención y la promoción, que permitan mantener más sanas a las personas respecto de aquellos factores o variables que determinan el nivel de salud de una comunidad. Esto no se logra necesariamente arbitrando mayores sumas para financiar beneficios No POS, pues por el contrario contribuye a generar más presiones sobre el Sistema, desdibujando la orientación que ha sido definida en el modelo de aseguramiento universal trazado para Colombia.
Además, dijo, el traslado del 1% de los aportes del 4% para atender el NO POS del régimen contributivo, disminuye los recursos destinados a los trabajadores y a los beneficiarios del subsidio en $721.077 millones de pesos.
Pero también afectaría a los empleadores, porque implicaría un incremento en la cotización al sistema de salud a su cargo. “En efecto, dijo Cobo, si bien se plantea como un esquema de aplicación de los aportes ya existentes y la redestinación de un porcentaje de los mismos, en realidad operaría con su implementación un ajuste a la contribución con destino al sistema de salud, la cual se ubica hoy en el 8.5% el salario y que fue incrementada por la Ley 1122 de 2007”.
Afectación sobre los servicios
Tomando las cifras a diciembre de 2009, el impacto de la reducción de un punto de los aportes parafiscales que administran las cajas equivaldría a recortar $226.464 millones de los recursos que se destinan al subsidio familiar. En este sentido, dijo Cobo, el recorte se traduce en una caída del subsidio familiar que percibe mensualmente un hogar promedio de dos hijos, se contrae en $9.141 pesos, de $36.564 pesos pasaría a solo $27.423 pesos.
Así mismo, también se reducen en $44 mil millones los recursos que las Cajas de Compensación Familiar destinan al programa del Fondo para el Fomento del Empleo y Protección al Desempleado.
Igualmente, el recorte también limitaría la capacidad de las Cajas para asignar subsidios de vivienda a los trabajadores colombianos más pobres, es decir, se dejarían de asignar 8.707 subsidios de vivienda al año, cuando la propuesta del Gobierno es aumentarla hasta 250.000 por año.
Gravísimas consecuencias tendría también, entre otros, el recorte sobre el programa Atención Integral a la Niñez; se dejarían de atender a 852.660 niños y jóvenes de la Jornada Escolar Complementaria en el que las Cajas invierten $57.300 millones; se privaría del acceso a educación subsidiada de buena calidad a 27.223 estudiantes.
En términos de servicios sociales, dice Cobo Soto, (recreación, turismo social, programas vacacionales, capacitación, crédito, bibliotecas, cultura, salud y nutrición, adulto mayor, guarderías y discapacitados), se requeriría incrementar las tarifas a los trabajadores más pobres que tendrían que pagar un mayor valor por el acceso a los servicios o privarse de ellos, como seguramente sucedería.
Según informe de la Contraloría General de la República: la eliminación de parafiscales no reactiva el mercado laboral
Bogotá, D.C., 12 de agosto de 2010.-/ Para los contribuyentes que la Dian clasifica como personas jurídicas, los gastos de la nómina tan sólo representan el 12% de los ingresos; el 22% de los costos totales; el 18% del patrimonio líquido y el 34% de las deducciones fiscales.
Esto permite señalar que “los parafiscales no son la causa del desempleo que hay en Colombia y mucho menos llegar a pensar que con la eliminación de los parafiscales se va a reactivar el mercado laboral y alcanzar un tasa de desempleo de un dígito”, así lo revela el informe ‘La política pública y el control fiscal de la parafiscalidad en los sectores laboral y seguridad social colombianos’ realizado por la Contraloría General de la República.
Dice el informe que los aportes al ICBF y Cajas de Compensación representan tan solo el 0,6% de sus ingresos, el 1% de sus costos totales, el 0,9% de su patrimonio líquido y el 1,6% de las deducciones fiscales que realizan las empresas. Más aún, reza el informe de la Contraloría, “el nivel de los indicadores lleva a pensar que esa no es la barrera fundamental que tienen los empresarios para generar una nueva plaza de trabajo, de ahí la necesidad que existe de generar, a partir de los especialistas en el tema, cierto consenso calificado sobre el tema de los parafiscales”.
“Hay que decir que los aportes al Sena, al ICBF y las Cajas de Compensación son fuentes que financian bienes públicos esenciales y servicios a los trabajadores tal y como se acordó desde un principio y, por ende, pueden ser considerados como parte del ingreso laboral de los mismos. Sin embargo, lo que debe replantearse es la urgencia de que la institucionalidad colombiana y los organismos de control fiscal se preocupen por realizar un mayor esfuerzo para evaluar la calidad e impacto de los programas de que estas entidades realizan”.
La Contraloría es contundente al señalar en su Informe que “su eliminación y reemplazo (de los parafiscales) por impuestos directos como el gravamen a los movimientos financieros o el impuesto al patrimonio o, indirectos como el IVA, pueden generar problemas de equidad”. Aún más, cuando “las Cajas de Compensación Familiar se caracterizan por ser un sistema de inclusión social donde su principal función es la protección de la clase asalariada, en combinación con la efectividad en la prestación de sus servicios, su labor se orienta a mejorar la calidad de vida de la sociedad, sobre todo de la población más vulnerable”.
“No se puede descartar que la política que hay detrás de toda esta estrategia sea la de marchitar las entidades que hoy se lucran de los parafiscales (Sena, ICBF, Cajas de Compensación) o acabar con programas asociados (madres comunitarias, hogares infantiles, capacitación laboral, recreación entre otros). Pero, si no es esta la intención sino la de mejorar la eficiencia, eficacia, efectividad y equidad de los programas, la discusión se debe dar en otra vía y se tendrán que particularizar las inferencias en cada caso, pues no es lo mismo, desde el punto de vista de la tecnología a utilizar, evaluar un plan de capacitación laboral que el programa de familias comunitarias”, resalta el informe.
“Para muchos el 4% por parafiscalidad constituye un aspecto negativo sobre los costos de producción y en contra de la generación de empleo, pero desde la óptica del empleado de menores ingresos, se convierte en un incentivo y compensación para satisfacer sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar (educación, salud, vivienda, nutrición, recreación, entre otras)”.
Excelente gestión
Por otra parte, la Contraloría felicitó a las Cajas de Compensación Familiar por cuanto su gestión en el manejo de los recursos parafiscales, según el primer proceso de control fiscal realizado por esta entidad, fue positivo y dice que “se observó que las Cajas de Compensación Familiar están administrando los recursos en forma eficiente; es así, que los remanentes se han destinado a la inversión y prestación de servicios sociales tales como educación y recreación, generando beneficios a los afiliados y su familia”.
FUENTE: ASOCAJAS
